En el año 325 d.C., en el Concilio de Nicea, las autoridades de la Iglesia necesitaban que todos los cristianos celebraran la Pascua el mismo día. Para evitar confusiones, establecieron una regla fija que todavía usamos hoy: la Pascua de Resurrección es el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera en el hemisferio norte (otoño en el sur). Se toma como referencia fija el 21 de marzo. Como la Luna tarda aproximadamente 29,5 días en dar la vuelta a la Tierra, la primera luna llena después de esa fecha puede caer inmediatamente después o casi un mes más tarde. Una vez que aparece esa luna llena (llamada “Luna de Parasceve”), hay que esperar al domingo siguiente para celebrar la Pascua. Debido a esta combinación de factores, la Semana Santa siempre oscila en un rango de 35 días -nunca puede ser antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril-.

En los días previos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en casa del sumo sacerdote Caifás para tramar cómo arrestar a Jesús con engaño y darle muerte, aunque acordaron no hacerlo durante la fiesta para evitar un tumulto entre el pueblo. Fue entonces cuando Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, se presentó ante ellos y se comprometió a entregárselo a cambio de treinta monedas de plata. Desde ese momento, buscaba una ocasión propicia para hacerlo sin que la multitud se enterara. Según el Evangelio de Juan, días antes -seis días antes de la Pascua-, Jesús había estado en Betania, donde María ungió sus pies con perfume de nardo puro, un gesto que Judas criticó por su supuesto derroche y que Jesús interpretó como un anticipo de su sepultura.

El jueves comenzó con el envío de Pedro y Juan por parte de Jesús para preparar la cena pascual en Jerusalén, siguiendo la señal de un hombre que llevaba un cántaro de agua. Al atardecer, Jesús se reunió con los doce apóstoles en el cenáculo para compartir la Pascua. Durante la cena realizó los gestos centrales: les lavó los pies como ejemplo de servicio, instituyó la Eucaristía al tomar el pan y el vino diciendo que eran su cuerpo y su sangre, y anunció la traición de Judas Iscariote, quien poco después salió para consumar su entrega. Tras la cena, Jesús pronunció su discurso de despedida, oró por sus discípulos y salió hacia el huerto de Getsemaní, donde experimentó una profunda agonía mientras oraba al Padre. En aquel paraje fue arrestado por un grupo enviado por los sumos sacerdotes, identificado por el beso de Judas, y conducido esa misma noche ante el Sanedrín.

El viernes, luego de ser juzgado por el Sanedrín durante la madrugada, Jesús fue llevado al amanecer ante Poncio Pilato. Tras interrogarlo, no halló en él culpa alguna, pero cedió a la presión de la multitud que pedía su crucifixión. Después de ser azotado y coronado de espinas, cargó con la cruz hasta el Gólgota, donde fue crucificado junto a dos ladrones. A la hora nona (alrededor de las tres de la tarde), después de decir “Todo está consumado”, entregó su espíritu y murió. En ese momento, la tierra tembló, el velo del Templo se rasgó en dos y el cielo se oscureció. Su cuerpo fue bajado de la cruz por José de Arimatea, envuelto en una sábana limpia y depositado en un sepulcro nuevo, mientras las mujeres que lo habían seguido desde Galilea observaban cómo era colocado.

El sábado fue un día de completo silencio y espera. El cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro mientras sus discípulos se mantenían ocultos por miedo a las autoridades judías. Los sumos sacerdotes y los fariseos acudieron a Pilato para pedirle que asegurara el sepulcro hasta el tercer día, ya que recordaban que Jesús había dicho que resucitaría. Pilato accedió y mandó sellar la piedra y colocar una guardia para evitar que los discípulos robaran el cuerpo. Mientras tanto, las mujeres que habían seguido a Jesús prepararon aromas y ungüentos para ir a ungir su cuerpo al amanecer del domingo, descansando ese día por ser el sábado judío, día de reposo.

El domingo, al amanecer, María Magdalena y las otras mujeres fueron al sepulcro con los preparados que habían hecho. Al llegar, vieron que la piedra estaba removida y el sepulcro vacío; un ángel les anunció que Jesús había resucitado, tal como lo había dicho, y les encargó que dieran aviso a los discípulos. Ese mismo día, Jesús resucitado se apareció primero a María Magdalena, luego a los discípulos de Emaús mientras caminaban hacia la aldea, y por la tarde a los apóstoles reunidos en el cenáculo. A estos les mostró sus manos y su costado, les dio la paz, sopló sobre ellos para impartirles el Espíritu Santo y los envió a predicar el Evangelio.

Jesús de Nazaret fue un hombre judío del siglo I, nacido en Galilea, que ejerció como artesano (tékton, palabra que puede traducirse como carpintero o albañil) en un pueblo pequeño y luego se convirtió en predicador itinerante. Los relatos evangélicos lo muestran con rasgos humanos muy concretos: sentía hambre, sed y cansancio; experimentaba emociones intensas como la compasión ante el sufrimiento ajeno, la indignación frente a la hipocresía, la amistad profunda con Marta, María y Lázaro, y una angustia tan real en Getsemaní que, según Lucas, sudó gotas de sangre. En su trato personal, era conocido por acercarse a los excluidos -publicanos, pecadores, mujeres, enfermos- con una autoridad que sorprendía y una ternura que atraía multitudes. Como líder, reunió a un grupo diverso de doce hombres con los que compartió la vida cotidiana, y su estilo de enseñanza recurría a imágenes campesinas (semillas, pastores, redes) que conectaban directamente con la experiencia común de la gente de su tiempo.

La guerra de 1982 demandó el sacrificio de 649 vidas argentinas y 255 británicas en un teatro de operaciones signado por la improvisación logística y la asimetría de medios frente a una potencia de la OTAN. La movilización de 23.357 combatientes -de los cuales el 70 % eran conscriptos de entre 18 y 20 años- representó el último expediente de una dictadura militar en crisis, que intentó hallar en la causa Malvinas una fuente de legitimación política. Por su parte, el Reino Unido, bajo la administración de Margaret Thatcher, atravesaba un contexto de desindustrialización, desempleo y conflictividad social, y encontró en el envío de la Task Force la coyuntura propicia para reafirmar su hegemonía.

El conflicto, iniciado el 2 de abril con la Operación Rosario y concluido el 14 de junio tras la rendición en Puerto Argentino, registró episodios de extrema gravedad, como el hundimiento del crucero ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión. El costo financiero, superior a los 2.500 millones de dólares, palidece frente a la descapitalización de una generación enviada a sostener una postura militar carente del equipamiento bélico elemental y de las raciones de subsistencia adecuadas. La defensa de la patria es indisociable del resguardo de la integridad de quienes la representan en el frente. Corresponde superar la lógica que reduce al soldado a una variable de ajuste estratégico para posicionarlo como el sujeto axial de una política de defensa fundamentada en la excelencia y el cuidado.

El Derecho Internacional Humanitario opera como límite a la crudeza de los conflictos armados. Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 instituyen la protección de quienes no toman parte en las hostilidades y de aquellos que han sido puestos hors de combat. En el archipiélago, su aplicación resultó determinante para el trato a los prisioneros de guerra y el respeto a los caídos. El Protocolo I consagra el derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos, precepto que fundamentó el Plan Proyecto Humanitario -impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur- para identificar a los inhumados bajo la leyenda «Soldado argentino solo conocido por Dios». Este andamiaje normativo refrenda que la dignidad humana encarna un valor preeminente que ninguna razón de Estado puede suspender.

Las secuelas del conflicto trascienden las cifras oficiales y convierten a la posguerra en un ámbito tan hostil como el propio campo de batalla. Los núcleos familiares de miles de veteranos cargan con una herida intergeneracional en la que el estrés postraumático, exacerbado por la desidia institucional, perpetúa el daño sobre el cuerpo social y la desconfianza en las instituciones democráticas. La tasa de suicidios evidencia la urgencia de abordar la salud mental como un derecho humano fundamental y de tipificar el detrimento psíquico como una lesión de guerra de carácter continuo. La reparación de este entramado exige una política de justicia reparadora que supere la edificación de monumentos.

La recuperación de las Islas Malvinas requiere una transición desde el reclamo diplomático hacia el ejercicio de una soberanía del conocimiento y la custodia ambiental. Nuestro reclamo, reconocido por las Naciones Unidas (Resolución 2065 (XX) de 1965 y reafirmado en sucesivos instrumentos), halla en este paradigma una vía para materializar el derecho internacional más allá de la negociación tradicional. La estrategia radica en estructurar una jurisdicción tecnológica argentina que erija a las islas en el epicentro de la salvaguarda del ecosistema austral. El objetivo es imponer la legitimidad fáctica de la Argentina como la única potencia regional con la aptitud y el derecho de fiscalizar el Océano Atlántico Meridional para contrarrestar la militarización y el extractivismo depredador.

La posición de Argentina en el Atlántico Sur se yergue bajo la amenaza de un enclave colonial que proyecta poderío militar hacia la Antártida y explota de manera ilegítima recursos esenciales. La base británica de Mount Pleasant es un riesgo permanente para la seguridad y el equilibrio sistémico. La emisión de licencias pesqueras ilícitas en la zona económica exclusiva y la prospección de hidrocarburos representan una expoliación que vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional y el derecho al desarrollo de las generaciones futuras. Argentina está llamada a fortalecer su presencia efectiva mediante la inversión en infraestructura portuaria en Tierra del Fuego y el patrullaje de sus 1,6 millones de km² de mar. La tutela de los bienes naturales se consolida como la nueva frontera de la autodeterminación nacional.

El rumbo hacia el futuro postula que la memoria debe ser el motor de una Argentina bioceánica. Este trayecto inicia con el arraigo del programa Pampa Azul como política de Estado, se fortalece con la educación técnica en todos los niveles y culmina con una integración regional sudamericana que asuma Malvinas como causa continental. La inserción antártica y el dominio de las rutas marítimas nos confieren una posición de relevancia geopolítica que debemos ocupar con determinación estratégica y cohesión interna. Aspiramos a una nación que evoca su pasado con honor y diseña su geografía con la convicción de que su territorio es un espacio de prosperidad compartida y de una paz incompatible con la claudicación.

A medio siglo del 24 de marzo de 1976, recordamos que el golpe militar fue un plan sistemático de exterminio. Treinta mil personas fueron secuestradas, torturadas en centros clandestinos -ESMA, Campo de Mayo, La Perla, Automotores Orletti, el Pozo de Banfield, la Escuelita de Famaillá, entre cientos más- y luego asesinadas o arrojadas al mar desde aviones de la Armada. Cientos de bebés fueron robados y criados bajo identidades falsas. La dictadura impuso un modelo económico que quebró el tejido industrial, endeudó al país, lo arrastró a la guerra y disciplinó a la sociedad con el miedo. Eso fue el terrorismo de Estado. El horror que la justicia, décadas después, todavía no terminó de juzgar.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no son heroínas abstractas. Eran mujeres comunes que sufrieron la desaparición de sus hijos e hijas. Su punto de partida es el dolor personal y la decisión de no quedarse en silencio. Venían de distintas ideas políticas, distintas creencias religiosas, distintas trayectorias. Las unió la pérdida y la decisión de salir a caminar. El pañuelo blanco fue un recurso concreto para reconocerse en medio de la multitud, para no sentirse solas, para sostener el lazo entre ellas cuando las diferencias podrían haberlas separado. Su legado es haber mostrado que la memoria puede construirse sin unanimidad.

Azucena Villaflor (Madre fundadora), Esther Ballestrino de Careaga (Madre fundadora), María Ponce de Bianco (Madre fundadora), María Adela Antokoletz (Madre fundadora), Alicia Zubasnabar de De la Cuadra (Abuela fundadora, primera presidenta de Abuelas), Eva Márquez de Castillo (Abuela fundadora), María Eugenia Cassinelli (Abuela fundadora), Clara Jurado (Abuela fundadora), Raquel Radio de Marizcurrena (Abuela fundadora), Nélida Gómez de Navajas (Abuela fundadora), Laura Bonaparte (Madre fundadora, referente de Madres Línea Fundadora), Leontina Puebla de Pérez (Abuela fundadora), Beatriz Neuhaus (Abuela fundadora), Vilma Delinda Sesarego (Abuela fundadora), Josefina Noia (Madre fundadora), Adelina Dematti de Alaye (Madre de Plaza de Mayo, referente de La Plata), Marta Vásquez (Madre, presidenta de Madres Línea Fundadora), Carmen Aguiar de Lapacó (Madre fundadora de Madres Línea Fundadora), María Isabel Chorobik de Mariani (Abuela fundadora, segunda presidenta de Abuelas), Haydeé Vallino de Lemos (Abuela fundadora), Mercedes Colás de Meroño (Madre, vicepresidenta de Asociación Madres), Hebe de Bonafini (Madre, presidenta de Asociación Madres), Delia Giovanola (Abuela fundadora), Haydée Gastelú (Madre fundadora), Sonia Torres (Abuela, referente de Abuelas Córdoba), Celia Pon de Mignone (Madre fundadora), Berta Schubaroff (Abuela fundadora), Nora Morales de Cortiñas (Madre, cofundadora de Madres Línea Fundadora), Ángela Paolín de Boitano (Presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), Aída Bogo de Sarti (Madre fundadora de Madres Línea Fundadora), Dolores López Candan de Rigoni (Madre, última de la filial Neuquén), Enriqueta Rodríguez de Maroni (Madre, expresidenta de Madres Línea Fundadora), Rosa Tarlovsky de Roisinblit (Abuela fundadora, presidenta honoraria de Abuelas), Azucena Díaz de Teján (Madre de Plaza de Mayo), Aída Kancepolski (Abuela de Plaza de Mayo), Rosa Palazzo (Madre de Plaza de Mayo), María Takara de Oshiro (Madre de Plaza de Mayo), Sara Luján de Molina (Madre fundadora). Y junto a ellas, las cientos de Madres y Abuelas de cada rincón del país que siguen su paso en la historia, sin haber visto la justicia completa, pero habiendo esparcido las semillas.

Memoria, Verdad y Justicia nació del trabajo de los organismos de derechos humanos que documentaron secuestros, torturas y apropiación de bebés, impulsando la conformación de la CONADEP, la publicación del informe Nunca Más, el histórico Juicio a las Juntas y la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Sobre esa base se construyó la integración de los instrumentos internacionales que tipifican y declaran imprescriptibles los actos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad; la anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida; la transformación de los centros clandestinos de detención en sitios de memoria; la declaración de inconstitucionalidad de los indultos; la creación de la Universidad Madres de Plaza de Mayo; la recuperación de la identidad de 140 nietas y nietos apropiados; el dictado de 361 sentencias con 1.231 condenados; entre tantos otros pañuelos.

La reparación es una deuda que los juicios, por sí mismos, no saldan. Reparar es desmontar el modelo económico excluyente que la dictadura instauró para disciplinar y saquear, y que la democracia no corrigió. Eso implica garantizar los derechos económicos, sociales y culturales como base de una sociedad que no reproduzca la desigualdad. También es abordar el daño y el trauma que se anidó en los cuerpos, las familias, el lazo social. Ese dolor se hereda; generaciones que no vivieron la dictadura pero sí la democracia con heridas que nunca terminan de sanar. Por eso reparar también es hacer que las juventudes tomen la memoria como herramienta para construir una democracia que, como garantía de no repetición, esté a la altura cuando algo se quiebre.

Cada 24 de marzo, desde 1996, la marcha ocupa la Plaza de Mayo y las plazas de todo el país. Es el gran pañuelo que une familias, barrios, organizaciones. Cada año debe nutrirse de consignas que exponen las nuevas herramientas del disciplinamiento: el lawfare que reemplazó a los golpes militares; la infocracia y el control algorítmico que erosionan la conciencia social; los trolls y patotas digitales que persiguen y hostigan la militancia; los deepfakes que fabrican la sospecha generalizada; la violencia de género digital que vigila y castiga; la accountability social que externaliza el control; el punitivismo biométrico que criminaliza la pobreza; el tecnofeudalismo que fragmenta y extrae el bienestar colectivo. La marcha del 24 es memoria que se vuelve política activa, y por eso habla el mismo idioma de la calle y del espacio virtual.

Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes, inherentes a todas las personas. No son una bandera que se enarbola desde una vereda para golpear a la otra. Son el límite que una sociedad se da para que ningún gobierno, ninguna mayoría, ninguna urgencia pueda atravesar. Ese límite son la vida, la libertad, la integridad física y moral, la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura y las desapariciones forzadas. No hace falta pensar igual. Los derechos humanos son lo que nos sostiene cuando todo lo demás nos separa. Por eso defenderlos es la condición para que podamos seguir siendo un país y asegurar que nunca más, nunca más, el terrorismo de Estado tenga lugar.

El consumo es nuestro acto político más recurrente aunque se ejerza con escasa conciencia. Cada elección constituye un voto silencioso que expone un poder significativo pero desorganizado. Mientras el sujeto se autoperciba como un individuo aislado, será incapaz de reconocerse parte de un colectivo con fuerza para alterar las reglas del juego. Esta fragmentación resulta funcional a un sistema donde la dispersión naturaliza la asimetría y posterga la transformación de las estructuras que nos vulneran.

La relación de consumo define el vínculo más cotidiano entre la ciudadanía y el poder económico. Su dinámica trasciende la adquisición de bienes para proyectarse sobre ámbitos de la vida regidos hoy por criterios comerciales. La salud se configura como servicio, la educación como inversión y la vivienda como solución financiera. Este proceso de mercantilización expande las lógicas del consumo hacia áreas tradicionalmente ajenas a su influencia. En cada intercambio se reproduce una desigualdad estructural que el sistema legal intenta compensar a través de una tutela sensible a la disparidad de fuerzas.

El bloque de constitucionalidad federal y el microsistema de protección al consumidor consagran el marco de orden público que rige de manera transversal estas relaciones. Esta arquitectura integra la Ley de Defensa del Consumidor con la Ley de Protección de Datos Personales en su rol de garantes del trato digno y la autodeterminación informativa frente al poder corporativo. El régimen sustantivo del Código Civil y Comercial de la Nación, junto con las normas de Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial, disciplinan las dinámicas comerciales y la transparencia publicitaria para evitar abusos de posición dominante. En este esquema, la Ley de Etiquetado Frontal consolida el estándar de información clara frente a un proceso de deshumanización que alcanza derechos fundamentales.

Las prácticas comerciales operan por medio de dispositivos de captación que erosionan la voluntad a través de contratos de adhesión y cláusulas predispuestas. Aunque el andamiaje normativo prevé la nulidad de condiciones abusivas, la brecha informativa y los obstáculos económicos para el acceso a la justicia postergan el ejercicio concreto de los derechos reconocidos. La resistencia corporativa a las normas de transparencia evidencia una circulación estratégica de la información destinada a sostener la indefensión del consumidor. En este escenario, la litigiosidad contra grandes proveedores exige recursos de tiempo y conocimiento que marginan a la mayoría de la ciudadanía.

La concentración económica agrava la desigualdad de base al consolidar posiciones dominantes que restringen la libertad de elección en sectores estratégicos. La economía digital profundiza este fenómeno a través de la recopilación masiva de datos y el diseño de entornos orientados a la extracción de la atención con publicidad personalizada. La eficacia de la respuesta jurídica depende de una intervención estatal que trascienda la resolución de conflictos individuales para incidir sobre la matriz económica. Resulta imperativo que la protección reforzada evite que la hegemonía digital y los monopolios anulen la capacidad de decisión libre de los pueblos.

El endeudamiento actúa como un mecanismo de disciplinamiento que asfixia la autonomía económica a fuerza de intereses punitorios y costos financieros opacos. Esta problemática se agrava por las prácticas de cobranza despiadadas que prevalecen incluso ante la existencia de regulaciones específicas en materia de crédito. Revertir la carga financiera exige saldar primero la fractura de la representación con el ejercicio de una posición de clase. Los procesos de incidencia colectiva adquieren un rol estratégico para revertir la atomización de los reclamos individuales y generar un impacto estructural en la regulación del mercado a partir de sentencias con efectos expansivos.

El consumo responsable se presenta como una dimensión ética en un escenario de recursos limitados, donde las conductas individuales generan efectos que trascienden el presente. Elegir implica asumir una posición frente a modelos de producción y distribución con impacto social y ambiental. La educación para el consumo crítico resulta fundamental y debe desarrollarse de manera sostenida a lo largo de la vida, con el objetivo de fortalecer la capacidad de habitar responsablemente el espacio común.

Escribimos desde un cauce en movimiento, atentas a la escucha que transmuta la superficie en trayectoria. La empatía funciona como un pulso que afina la percepción coral y vuelve el aislamiento un terreno propicio para el encuentro. Cuando prestamos oído a las historias y a las heridas del día a día, aparecen mapas facultados para orientar la acción. Esa cartografía nace de lo vivido y no de mandatos ajenos; cualquier gesto de atención altera la dirección del rumbo. En ese andar, la voz recupera espesor y se afirma como instrumento de reconocimiento y de invención.

La marea interior orienta nuestras determinaciones con la misma ley que gobierna las corrientes del océano. Aprendemos a sostener aquello que nos expande y a permitir que lo estancado encuentre una nueva lectura dentro del impulso mancomunado. Las prácticas que resguardan dignidad y cuidado se vuelven apoyos desde los cuales imaginar proyectos alternativos. Toda resolución unísona abre un horizonte distinto de posibilidades y habilita formas renovadas de habitar el mundo. Así, la mutación deja de ser una promesa abstracta y se vuelve una experiencia tangible en el acontecer diario.

Aprendimos a descifrar los dispositivos que buscaron dispersar nuestros derroteros y a reconfigurar esa lectura en una técnica de resistencia posible. Esa operación dirige la mirada hacia los huecos donde comienza a insinuarse el desborde. Reconocer los puntos de apuntalamiento de la maquinaria permite desmontar sus supuestos sin quedar atrapadas en el relato que intenta legitimarla. La política que desarrollamos se nutre de lucidez estratégica, paciencia y una voluntad persistente de tejer redes vibrantes para amplificar voces antes relegadas.

La justicia que buscamos se apoya en la regeneración de los vínculos y en la reparación material de las desigualdades. No esperamos favores. Disputamos condiciones que permitan el desarrollo pleno de la singularidad de cada vida. Las estrategias del común movilizan recursos y saberes para convertir la precariedad en potencialidad de acción. Cuando la comunidad organiza asistencia, formación y acceso a derechos, lo que parecía carencia se sublima en plenitud compartida. Ese trabajo constante inaugura una economía de reciprocidad que desafía las lógicas de eficiencia excluyente.

Trazar planos plurales implica proyectar instituciones nacidas de lo vivido en lo social y por eso dotadas de legitimidad duradera. Diseñar normas orientadas por el cuidado constituye una tarea atravesada por responsabilidad ética. Las leyes recuperan su sentido cuando preservan aquello que la comunidad reconoce como valioso. Los acuerdos amplios y los procedimientos participativos resguardan la permanencia de los derechos conquistados. Esa arquitectura institucional se edifica en la confianza mutua y en la disciplina solidaria de los grupos organizados.

La emoción de las mayorías se vuelve una fuerza emancipatoria cuando transita andamiajes de vinculación. Esta experiencia adquiere la intensidad de una presión creativa que modela nuevas realidades. Juntas ensamblamos programas, espacios y oficios que reciben a quienes quedaron fuera de la lógica extractiva dominante. La quilla de la nave que imaginamos se construye con elecciones cotidianas, saberes recuperados y la energía de quienes protegen el tejido vital. Toda herramienta educativa y los liderazgos horizontales amplían la aptitud colectiva de avanzar con autenticidad.

Asumimos la travesía con responsabilidad mutua y con la certeza de que la multitud en movimiento redefine los límites de lo posible. El abrazo de la otra señala el puerto indicado donde afirmar la voluntad y desde ahí proyectamos rutas capaces de alcanzar nuestros sueños descartados. Por las que soportaron el peso mientras el agua rozaba el aliento, anunciamos la decisión impostergable de zarpar.

Argentina se comporta hoy como un organismo que se ataca a sí mismo. La clase política actúa como el agente corrompido por la infección y el pueblo, agotado por la urgencia, se queda sin oxígeno para defender sus fronteras soberanas y su futuro. En este estado de asfixia, la mirada hacia nuestras juventudes sufre un desplazamiento hacia la lógica penal en lugar de fortalecer el abordaje social.

Esta tendencia representa la claudicación de un Estado que renuncia a su función primordial de sostén. El sistema de protección que nos rige, diseñado sobre la arquitectura de la Convención sobre los Derechos del Niño, exige que el Estado sea el garante del desarrollo integral. Cuando la respuesta a la exclusión se reduce a la criminalización, se produce una vulneración de las obligaciones de asistencia y promoción que nuestras leyes imponen para resguardar la dignidad en la etapa más temprana de la vida.

La Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que las políticas públicas deben centrarse en el desarrollo humano. El principio del interés superior del niño obliga a las autoridades a buscar soluciones que prioricen la educación y el acompañamiento estatal efectivo. Al fallar en estas instancias preventivas, el sistema administrativo y judicial termina por desamparar a quienes más necesitan de su resguardo, dejando a la deriva a una generación marcada por la ausencia.

Desde una perspectiva vincular, el Código Civil y Comercial de la Nación sitúa el eje de la convivencia en la responsabilidad y el cuidado de los afectos. Esta normativa nos recuerda que la reparación de la vulnerabilidad sistémica exige recuperar el dominio de nuestra conciencia y la mirada sobre el otro. El derecho a ser cuidado y a crecer en un entorno libre de violencia es la piedra angular sobre la cual debe construirse cualquier debate sobre la seguridad y el bienestar común.

La estigmatización actual recae sobre jóvenes que habitan un vacío absoluto, expuestos a nuevas formas de violencia y conflictos de identidad que la sociedad elige ignorar. En ese espacio de desprotección aparecen agresiones y dinámicas de disociación donde lo humano parece entrar en disputa. Esta fragilidad se agrava cuando el discurso público señala a los jóvenes como enemigos, desconociendo las profundas crisis de sentido que atraviesan en un mundo que les niega pertenencia y los arroja a la hostilidad.

Es vital preservar la salud mental, el cuerpo y los vínculos cercanos como un acto de resistencia y cuidado. La historia nos enseñó que Argentina siempre se reconstruye desde las cenizas y nuestro bienestar hoy es el puente hacia esa nación superadora. Es necesario mantener la atención alerta y preservar la salud para lo que sigue en este camino de reconstrucción colectiva. El error siempre puede ser la luz que ilumine nuestra próxima decisión si logramos transformar el dolor en una política de acompañamiento real.

Tenemos la oportunidad de dar vuelta la rueda. Hablemos de Economía del Cuidado con la convicción de que los recursos destinados a la destrucción pueden -y deben- orientarse a proteger la dignidad humana. Las bestias son que deshumanizan, los que señalan a los grupos más vulnerables para quitarles derechos, los que quieren golpear a los jóvenes que no entienden. Pero todos estamos disociados en mayor o menor medida; no hay salida si no volvemos a mirarnos a los ojos. Acompañemos a niños, niñas y adolescentes, no claudiquemos en darles un futuro mejor.

La primera frontera de la ecología es nuestra propia piel. Somos mundo. El agua que fluye por los humedales compone, en un ciclo eterno, nuestro propio torrente sanguíneo. Reconocer esta dimensión del ser exige desaprender la visión antropocéntrica que reduce la naturaleza a un supermercado de recursos agotables. El cuerpo y la tierra sufren las mismas extracciones y merecen los mismos cuidados.

Los humedales son los riñones del planeta. Actúan como filtros que purifican el agua y regulan las inundaciones. Comprender su función biológica requiere la humildad que el progreso moderno ha desplazado. En este mismo orden, los glaciares son patrimonios estratégicos que definen nuestra supervivencia. La Ley de Glaciares protege estos santuarios hídricos como bienes comunes que poseen un valor intrínseco y trascienden cualquier precio de mercado.

Los ecosistemas de la Argentina enfrentan la amenaza de un extractivismo que opera bajo la lógica del saqueo. La megaminería en zonas periglaciares, el avance de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos y la contaminación de las cuencas representan ataques directos a la salud pública. Estas actividades atentan contra la biodiversidad y la estabilidad climática en un claro perjuicio a la humanidad, su seguridad alimentaria y energética.

La garantía constitucional del Artículo 41 constituye el núcleo de nuestra jurisdicción ambiental. Este mandato se instrumenta en la batería de leyes de presupuestos mínimos, cuya base infranqueable es el bloque de principios de Progresividad, No Regresión, Precautorio, Prevención, Equidad Intergeneracional, Sustentabilidad, Congruencia, Responsabilidad y Solidaridad. El Acuerdo de Escazú dota de operatividad a este sistema al elevar la participación, la información y el acceso a la justicia ambiental.

La custodia del patrimonio común implica una vigilancia crítica sobre nuestra forma de habitar el espacio. Cada decisión consciente sobre el consumo y la gestión de desechos funciona como un acto de justicia futura. Al elegir la sostenibilidad, reclamamos el derecho de las próximas generaciones a recibir un mundo funcional y vibrante. La educación ambiental debe ser una educación de la sensibilidad porque no se protege lo que no se ama. La verdadera defensa de la nación comienza con la conciencia del hábitat que pisamos.

Debemos avanzar hacia el reconocimiento de la naturaleza y los animales como sujetos de derecho frente a la cosificación imperante. La devastación de los hábitats es el síntoma de una sociedad que ha perdido su rumbo ético para priorizar el balance contable de los centros de poder real. Incorporar esta perspectiva jurídica permite construir una comunidad más justa donde la libertad no se confunda con el permiso para destruir el entorno.

Nuestros recursos estratégicos deben gestionarse bajo la lógica de la vida y la autodeterminación colectiva. El ambiente es el organismo extendido de la comunidad y su degradación reduce drásticamente nuestra libertad. Somos guardianes temporales de un equilibrio planetario; ni dueños ni esclavos, sino custodios de lo que nos precede y nos sucederá. La soberanía del cuerpo y del territorio convergen en la urgencia de proteger lo que nos mantienen vivos y sanos.

El proyecto de modernización laboral socava la estabilidad en el empleo y relativiza la presunción de laboralidad, extremo que incurre en una regresión normativa que violenta el Principio de Progresividad, el cual prohíbe el retroceso en los derechos sociales ya alcanzados por la comunidad. Esta reforma traslada el riesgo empresario a la esfera del dependiente y despoja al trabajador de su previsibilidad vital.

La reducción del alcance reparatorio ante el despido arbitrario vacía de contenido la garantía constitucional del Artículo 14 bis. El derecho a la estabilidad se transforma así en una variable de ajuste sujeta a la discrecionalidad del capital. La consecuencia sistémica más grave es la deslaboralización de los vínculos productivos. Se pretende degradar una relación históricamente protegida por normas de orden público hacia un contrato civil regido por una supuesta autonomía de la voluntad.

Esta maniobra vulnera el Principio de Irrenunciabilidad, que establece que los derechos laborales son irrenunciables frente a cualquier acuerdo individual que pretenda suprimirlos. La mutación jurídica ignora la hiposuficiencia del trabajador y desconoce la desigualdad estructural que dio origen al Derecho del Trabajo. Los conceptos de colaboración o autonomía funcionan como un ropaje para encubrir un fraude a la ley.

La red de protección social se desplaza en favor de una lógica de rentabilidad absoluta donde la parte más fuerte impone sus condiciones. La convalidación de estas condiciones por parte de las cúpulas sindicales representa una doble fractura institucional y orgánica. Existe un quiebre entre el legislador y los mandatos constitucionales junto a una ruptura profunda entre el representante y el representado.

El trabajador queda en un estado de vulnerabilidad extrema frente a las fuerzas del mercado. El escenario actual permite el desmantelamiento de derechos adquiridos y el miedo opera como un mecanismo de disciplinamiento social para naturalizar la precarización. El mapa propuesto conduce a la cosificación del sujeto que trabaja. El tiempo y la vida del trabajador representan valores superiores que deben permanecer ajenos a las reglas del libre mercado.

La reforma significa un retroceso hacia formas de explotación que la civilización jurídica consideraba superadas. La potencia de la clase trabajadora reside en la defensa de su propia humanidad frente a una agenda redactada en los centros de poder real. La justicia social y la libertad sindical son pilares indispensables para evitar este retroceso.

La presión pecuniaria y el factor amedrentador del mercado carecen de fuerza para eclipsar la soberanía de quien trabaja. La arquitectura del poder deviene en una estructura inerte ante nuestra única propiedad irrenunciable que es el tiempo de nuestra vida y la autonomía de nuestra libertad.